UNIVERSIDAD MARISTA DE MÉRIDA A.C.

EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN Y LA IDEOLOGÍA CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA PENAL EN MÉXICO

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¿Cuál es la distancia que existe  entre el Código Penal del Estado de Yucatán y las reformas que se han hecho al Código Penal Federal?

El Código Penal Federal de 1931 receptó en sus aspectos fundamentales, de manera prioritaria, las orientaciones de la escuela positiva; lo que quiere decir que el legislador de entonces no tomó en consideración los lineamientos filosóficos y políticos que se desprenden de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se guió más bien por las corrientes de pensamiento que estaban de moda, no obstante que no compaginaban con la ideología constitucional.
En efecto, la Constitución política de 1916/17 establece los lineamientos político-criminales de cómo debe ser el sistema de justicia penal en nuestro país; en ella se establecen los criterios que deben regir a la legislación penal y, por tanto, orientar los contenidos del Código Penal.
Esos lineamientos o directrices nos indican que la legislación penal mexicana debe revestir características propias de un sistema penal de un estado democrático de Derecho, ya que es este tipo de estado el que diseña la Constitución en su artículo 40.
Del análisis del contenido original del Código Penal de 1931, sin embargo, encontramos la presencia de una serie de principios o criterios que no se corresponden con aquellos lineamientos constitucionales, sino que son de un sistema penal de un Estado autoritario, como sucede, por ejemplo, con la regulación del “principio de presunción de intencionalidad”, del “principio de peligrosidad” o “temibilidad”, así como de la  “reincidencia como causa de agravación de la pena” y de la “retención”, entre otros, observándose una gran dicotomía entre la ideología de la Constitución y la ideología originalmente dominante de la legislación penal sustantiva, como veremos más adelante.
Pero debe señalarse previamente, que el mencionado Código Penal ha sufrido en los últimos veinte años importantes modificaciones que han afectado directamente su original orientación filosófica y política y lo han acercado más a la ideología constitucional, como se desprende de las reformas experimentadas en 1984 y 1994.
El Código Penal del Estado de Yucatán no ha quedado al margen de esta problemática.
 
La influencia que han ejercido tanto las reformas constitucionales como las modificaciones a la legislación federal han generado el contenido actual de la legislación penal sustantiva en el Estado.
El objeto de este trabajo es analizar la distancia que existe entre el Código Penal del Estado de Yucatán y las reformas que se han hecho al Código Penal Federal a fin de determinar qué tan lejos está la legislación estatal yucateca de la ideología de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el sistema penal.
Hemos seguido muy de cerca las aportaciones del Dr. Moisés Moreno Hernández, en su obra Política Criminal y Reforma Penal, Algunas bases para su democratización en México, Editorial ius poenale, Centro de Política Criminal y Ciencias penales (CEPOLCRIM), México, D.F., Primera edición 1999.
A partir de esas aportaciones me permito comentar, la situación que guarda el Código Penal del Estado de Yucatán, en relación con los avances que las  reformas al Código Penal Federal de 1984 y 1994 han logrado paulatinamente:
a) Erradicar el “principio de presunción de intencionalidad”, que contenía el original artículo 9 del Código Penal y dar entrada al principio de presunción de inocencia; esta situación también se presentó en el Código Penal del Estado de Yucatán y dicho principio se encuentra contenido en el artículo 5º que establece que todo acusado será tenido como inocente mientras no se pruebe que se cometió el delito que se le imputa y que él lo perpetró.
b) Desechar el criterio de la ignorantia legis non excusat y del error iuris nocet, que parten de la idea de que todo individuo, por el hecho de vivir en sociedad, conoce la ley y, consecuentemente, nadie puede alegar ignorancia o desconocimiento de su existencia o de sus alcances. Este criterio se encuentra previsto en el Código Penal Federal en el artículo 15 fracción VIII, en los siguientes términos: el delito se excluye cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta; sin embargo, el Código Penal del Estado de Yucatán no prevé este criterio. En efecto, del catálogo de causas por las cuales el delito se excluye, previsto en el artículo 21 del Código Penal del Estado de Yucatán no contempla este criterio, por lo que es necesario su inclusión en el citado precepto ya que ello presupone la observancia de un derecho penal liberal acorde al Estado de Derecho. Lo anterior implicaría que nuestro Código Penal del Estado de Yucatán sería más congruente con la ideología constitucional relacionada con el sistema de justicia penal.
c) Se regula por primera vez, como consecuencia del reconocimiento del criterio anteriormente señalado, la situación del “error”, particularmente la del llamado “error de derecho”, como causa de exclusión o de atenuación de la responsabilidad, permitiendo ahora distinguir entre “error de tipo” y “error de prohibición”. Cabe mencionar que el Código Penal del Estado de Yucatán no contempla ninguno de los dos tipos de error, ni el de tipo ni el de prohibición como causas de exclusión del delito, lo cual se traduce en un alejamiento del ordenamiento penal sustantivo en el Estado con respecto a la legislación federal y a las doctrinas contemporáneas sobre el tema del error.
d) Se introducen sustitutivos de la pena de prisión, como son el trabajo a favor de la comunidad, el tratamiento en libertad y la semilibertad. En efecto, el Código Penal Federal así como el Código Penal del Estado de Yucatán contemplan estas figuras en los artículos 27, tercer párrafo y 70 del ordenamiento federal y 69, tercer párrafo y 95 del ordenamiento estadual.
 e) Se excluye la regulación de la retención, así como la de la reincidencia como causa de agravación de la pena. Es importante destacar que en ambos ordenamientos, federal y estatal, no regulan ni la retención y a la reincidencia no la consideran causa de agravación de la pena.
f) Se regula expresamente el “principio de culpabilidad” como criterio determinante para la individualización judicial de la pena, desechándose el de la “peligrosidad” o “temibilidad” del sujeto que preveían los artículos 52 y 12 del Código Penal Federal. A diferencia del ordenamiento federal, el Código Penal del Estado de Yucatán únicamente desechó el criterio para la individualización judicial de la pena de la “peligrosidad” o “temibilidad”, sin establecer expresamente el “principio de culpabilidad” como criterio determinante para la individualización judicial de la pena. Este criterio determinante se encuentra previsto en el artículo 52 del Código Penal Federal cuando se establece que el juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente.
Como puede advertirse, la norma sustantiva federal expresamente señala que una de las bases para que el juez fije las penas y medidas de seguridad es el grado de culpabilidad del agente; sin embargo, de la redacción del artículo 74 del Código Penal del Estado de Yucatán no se advierte dicha base, como es el grado de culpabilidad del agente, por lo que se estima necesario incorporar al texto sustantivo estadual dicha disposición que hoy es vigente en el Código Penal Federal y que responde necesariamente al principio de culpabilidad propio de un Estado de Derecho. Cabe mencionar además que, respecto a la culpabilidad, existe en materia federal una disposición de importancia fundamental que consolida el principio de culpabilidad, es el artículo 13, fracción VIII, que establece que los autores o partícipes a que se refiere ese numeral responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. La segunda parte del artículo 73 del Código Penal del Estado de Yucatán establece, a propósito de la culpabilidad, que los jueces o tribunales razonarán y expondrán fundadamente los elementos de valoración para fijar el grado de culpabilidad del agente, entre el mínimo y el máximo, lo cual no nos lleva a considerar que esta simple disposición normativa contemple el principio de culpabilidad, como si lo hace el Código Penal Federal, siendo en consecuencia, necesario aproximar nuestro ordenamiento sustantivo estatal a la legislación federal ya que, como se dijo, el principio de culpabilidad es un principio propio del derecho penal liberal de un Estado democrático de Derecho.
 g) Se establecen las bases para la punición de la omisión impropia o comisión por omisión. Estas bases se encuentran previstas en el artículo 7º del Código Penal Federal y se considera un reforzamiento del principio de legalidad. En efecto, el artículo 7º, párrafo segundo establece que en los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo; igual redacción se localiza en el artículo 6º del Código Penal del Estado de Yucatán; con ello, se cumple con el tema de particular importancia como es la omisión impropia o también llamada comisión por omisión.
 h) Se precisan los alcances y requisitos de la conducta dolosa y de la conducta culposa; en cuanto a la conducta dolosa, el artículo 9º, primer párrafo del Código Penal Federal establece que obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, en tanto que el artículo 8º del Código Penal del Estado de Yucatán dispone que obra dolosamente quien por propia decisión, mediante actividad o inactividad, se coloca en el ámbito de la tipicidad prevista en la figura delictiva descrita por la ley; la redacción del Código Penal Federal es mejor ya que establece los requisitos de la conducta dolosa, a saber, el conocimiento de los elementos del tipo penal, lo cual es diferente a colocarse en el ámbito de la tipicidad prevista en la figura delictiva, como lo dispone el Código Penal del Estado de Yucatán y el querer o aceptación de la realización del hecho descrito en la ley, por ello, la legislación sustantiva estatal debe avanzar en la precisión de los alcances y requisitos de la conducta dolosa.
Algo parecido sucede con la conducta culposa, veamos, el Código Penal Federal en su artículo 9º, párrafo segundo dispone que obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales, en tanto que el Código Penal del Estado de Yucatán establece en su artículo 9º que obra culposamente quien no provee el cuidado posible y adecuado para no producir o, en su caso evitar, la posible lesión típica del bien jurídico.
En principio, es mejor la redacción del Código Penal Federal al permitir tanto la culpa consciente como la inconsciente, situación que no se da en el Estado de Yucatán ya que la fórmula prevista en el artículo 9º abarca solamente la culpa inconciente.
Por otro lado, debe llamarnos la atención que en 1994 a nivel federal se adoptó como criterio político-criminal el del numerus clausus respecto de la punibilidad del delito culposo, como se precisa en el segundo párrafo del artículo 60 del Código Penal Federal. En efecto, el artículo 60 en su párrafo segundo dispone que las sanciones por delitos culposos sólo se impondrán en relación con los delitos previstos en los artículos: 150, 167, fracción VI, 169, 199 Bis, 289, parte segunda, 290, 291, 292, 293, 302, 307, 323, 397, 399, 414, primer párrafo y tercero en su hipótesis de resultado, 415, fracciones I y II y último párrafo en su hipótesis de resultado, 416, 420, fracciones I, II, III y V, y 420 Bis, fracciones I, II y IV de ese Código; sin embargo en el Estado de Yucatán opera el criterio político-criminal opuesto al del numerus clausus, es decir, el del numerus apertus, esto trae como consecuencia que cualquier delito previsto en el Código Penal del Estado de Yucatán o en sus leyes penales especiales pueda castigarse cuando se cometa de manera culposa, lo cual no da seguridad jurídica a los gobernados, por ello, nos inclinamos por el criterio político-criminal del numerusclausus, al ser más consecuente con el derecho penal liberal de un Estado democrático de Derecho.
 i) Se precisa la regulación de la tentativa punible y se prevén los casos de impunidad producidos por el “desistimiento” o el “arrepentimiento activo”, al respecto, ambos ordenamientos, tanto federal como estatal, establecen en los artículo 12 y 17, respectivamente, que existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente; sin embargo, en el Código Penal del Estado de Yucatán existe un error muy trascendente. El ordenamiento penal del estado habla de actos “ejecutados” no de actos “ejecutivos”, son éstos en esencia de los que se debe hablar en el artículo 12 por tratarse de aquellos actos necesarios para la consumación del delito, por lo que hay un error de redacción fundamental en el Código Penal del Estado de Yucatán que requiere una inmediata corrección.
 j) Se establece una delimitación más clara de las diferentes formas de “autoría y participación” y se plasma como principio el de que “cada uno de los intervinientes responderá en la medida de su propia culpabilidad” además de prever una penalidad menor para el cómplice, para el auxiliador posterior al hecho en virtud de promesa anterior y para la llamada “autoría indeterminada” o “complicidad correspectiva”, si bien las disposiciones contenidas respecto a las diferentes formas de autoría y participación en el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de Yucatán, previstas en los artículos 13 y 15, respectivamente, son muy parecidas, en realidad es necesario considerar el contenido del artículo 15 del ordenamiento federal en el sentido de que la disposición consagra, en el penúltimo párrafo la norma, de que los autores o partícipes a que se refiere el artículo en comento, responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad, con lo cual se consagra en esta disposición uno de los más importantes principios de un derecho penal liberal propio de un Estado democrático de Derecho; es decir, el principio de culpabilidad. Cabe mencionar en cuanto a la penalidad menor para el cómplice, para el auxiliador posterior al hecho o por acuerdo previo como lo menciona el Código Penal del Estado de Yucatán y para la llamada “autoría indeterminada” o “complicidad correspectiva”, ambos ordenamientos prevén éstos supuestos de manera muy similar, por lo que, la legislación penal sustantiva en el Estado de Yucatán está en plena concordancia con el Código Penal Federal.
 k) Se introducen en el catálogo de “causas de exclusión del delito” nuevas circunstancias como son: la “falta del algún elemento del tipo penal” (o atipicidad), el “consentimiento del ofendido o del legitimado para otorgarlo”, el “error de tipo”, el “error de prohibición” y la “no exigibilidad de otra conducta”, y se precisan los alcances y requisitos de otras (art. 15). En cuanto a la “falta de algún elemento del tipo penal” (o atipicidad) prevista en la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, nos encontramos con una de las discusiones doctrinarias que han ocupado los últimos 19 años, aproximadamente, en nuestro país.
En efecto, mientras el Código Penal Federal habla de la falta de algún elemento del tipo penal, el Código Penal del Estado de Yucatán habla de que el delito se excluye cuando no se acredite el cuerpo del delito en el artículo 21, fracción II. Las reformas constitucionales en materia penal que entraron en vigor el 4 de septiembre de 1993, con excepción de la fracción I del artículo 20 constitucional que entró en vigor un año después, es decir, el 4 de septiembre de 1994, modificaron los contenidos de los artículos 16 y 19 que son los que se ocupan de las categorías procesales “cuerpo del delito” y “responsabilidad”, al hablar de los requisitos para la orden de aprehensión y para el auto de formal prisión, respectivamente. En el artículo 16 se establecen, entre otras cosas, los requisitos que deben ser observados para que la autoridad judicial libre una orden de aprehensión, entre los que, a partir de 1994 se mencionaban los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad, mismos que debían ser acreditados por el Ministerio Público y constatados por el juzgador, en tanto que, en el artículo 19 se precisan los requisitos para el auto de formal prisión, hoy conocido como auto de vinculación a proceso de acuerdo a la redacción vigente del artículo constitucional mencionado. Como resultado de las reformas constitucionales de 1994 se sustituyeron en los artículos 16 y 19 las expresiones “cuerpo del delito” por “elementos del tipo penal” y “presunta responsabilidad” por “probable responsabilidad”. Cabe mencionar que en este momento las expresiones utilizadas por los artículos constitucionales mencionados son “datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito” y “la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”. Como quiera que sea, en el momento de determinar el contenido de las expresiones “cuerpo del delito”, “elementos del tipo penal”, “presunta responsabilidad”, “probable responsabilidad”, “datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito” y “la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión”, los criterios legales y doctrinales no son uniformes. El principal problema es ubicar el dolo, los elementos subjetivos especiales distintos a éste y la culpa. Para algunos deben ubicarse en la tipicidad y por lo tanto las categorías procesales “cuerpo del delito”, “elementos del tipo penal”, “presunta responsabilidad”, “probable responsabilidad”, “datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito” y “la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión” deben contener estos conceptos.
En 1994, la ley consideraba al dolo y a la culpa como elementos del tipo penal, por ello, el delito se excluía cuando se demostraba la inexistencia de alguno de los elementos que integraban la descripción típica del delito de que se trate, de acuerdo al contenido de la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal; con posteriores reformas constitucionales y legales en esta materia, se ha considerado, desde el punto de vista legal, que el delito se excluye cuando no se acredite el cuerpo del mismo, según lo establece la fracción II del artículo 21 del Código Penal del Estado de Yucatán. Como vemos, no existe uniformidad legal en relación a la causa de exclusión del delito relativa a la inexistencia de alguno de los elementos de la tipicidad; recordemos además, que en virtud de la influencia de la sistemática causalista y neocausalista de los siglos XIX y XX pasados, para algunos penalistas, el dolo y la culpa son problemas de culpabilidad, no de tipicidad.
Al respecto cabe pronunciarse en el sentido de que para nosotros, el dolo y la culpa son cuestiones de tipicidad y por lo tanto su inexistencia debe considerarse como una causa de exclusión del delito tal y como no hay delito si no hay conducta, si no hay antijuridicidad o si no hay culpabilidad, por ello, creemos que el Código Penal del Estado de Yucatán debe seguir el criterio sostenido por el Código Penal Federal en el sentido de considerar como causa de exclusión del delito cuando se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito y, siguiendo la sistemática finalista dentro de los elementos que integran esa descripción debe estudiarse dentro de la tipicidad al dolo, a los elementos subjetivos especiales distintos a éste y la culpa, en el caso de los delitos que permitan esa forma de comisión, utilizando además el criterio del “numerus clausus”, a que ya se hizo referencia en otra parte de este trabajo.
En cuanto al “consentimiento del ofendido o del legitimado para otorgarlo” como causa de exclusión del delito, ambas legislaciones penales, la federal y la estatal, utilizan los mismo términos en los artículos 15, fracción III y 21, fracción III. En cuanto a las causas de exclusión del delito conocidas como “error de tipo” y “error de prohibición”, es por demás increíble que el Código Penal del Estado de Yucatán carezca de una teoría del error. En efecto, el artículo 21 del ordenamiento invocado no prevé como causas de exclusión del delito ni al error de tipo ni al error de prohibición, con lo cual podemos mencionar que en el Estado de Yucatán un delito cometido en un supuesto de error es punible, a pesar de que la teoría del error dentro de la teoría del delito ha venido trabajándose desde las primeras manifestaciones doctrinales que sobre el delito se han generado en la historia de la humanidad. En este sentido es necesario que en el Estado de Yucatán se empiece a trabajar doctrinaria y legalmente con la teoría del error, para ello, la legislación federal penal puede ser un excelente punto de referencia ya que el artículo 15, fracción VIII establece como causa de exclusión del delito que se realice la acción o la omisión bajo un error invencible sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal; o respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta, además, la legislación federal resuelve el tema de la vencibilidad de los errores sancionándolos en los términos del artículo 66 del mismo ordenamiento; dicho artículo dispone que en caso de que el error a que se refiere el inciso a) de la fracción VIII del artículo 15 sea vencible, se impondrá la punibilidad del delito culposo si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización y si el error vencible es el previsto en el inciso b) de dicha fracción, la pena será de hasta una tercera parte del delito que se trate.
Todos estos temas están prácticamente ausentes del Código Penal del Estado de Yucatán, por lo que podemos considerar que este ordenamiento en este sentido está muy lejos de considerarse un ordenamiento que se inscriba dentro de un derecho penal liberal acorde con un Estado democrático de Derecho y por el contrario, la ausencia de una teoría del error en el Estado de Yucatán lo acerca a un derecho penal acorde a un Estado Absolutista o Autoritario, el cual se identifica con un derecho penal del mismo tipo, con principios totalmente opuestos a los principios del Estado democrático de Derecho como son los principios de mayor intervención, de presunción de intencionalidad, de peligrosidad, o el de oportunidad. Recordemos que estos principios del Estado Absolutista o Autoritario surgen de la idea de no considerar al hombre como un “fin en si mismo”, como un ser “racional” o como “persona” sino que ve al hombre como un instrumento al cual cosifica, desconoce su naturaleza y los derechos inherentes a él, particularmente sus derechos humanos, es pues la antítesis de los logros y avances que el hombre ha tenido en los últimos tiempos.
En cuanto a la causa de exclusión del delito de la “no exigibilidad de otra conducta”, se encuentra regulada tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal del Estado de Yucatán en los artículos 15, fracción IX y 21, misma fracción, respectivamente. La diferencia estriba en que en el Código Penal Federal  a la causa de exclusión de la exigibilidad de otra conducta se agrega la expresión de “en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho”, lo cual genera consecuencias muy importantes en la práctica penal.
l) Se adoptaun criterio mixto en cuanto a los objetivos que deben plantearse a la hora de la individualización de la pena, que son fines de justicia, de prevención general y prevención especial y tanto el Código Penal Federal como el Código Penal del Estado de Yucatán prevén, respectivamente, en los artículos 51, primer párrafo y 74, fracción VI, párrafo segundo que cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan, o cuando el procesado perteneciere a un grupo étnico oindígena, se tomarán en cuenta además, los usos y costumbres del mismo.
m) En observancia al “principio del bien jurídico” y al de “intervención mínima” o de ultima ratio del derecho penal, se ha experimentado un proceso de “descriminalización” o “destipificación” y de “despenalización” de ciertas conductas (por ejemplo: injurias, golpes simples, ataque peligroso, vagancia y malvivencia, etcétera); desde luego esto ha ocurrido en el Código Penal Federal por lo que el Código Penal del Estado de Yucatán al seguir considerando como delitos a las injurias (artículo 294), golpes simples (artículo 293), ataque peligroso (artículo 388), vagancia y malvivencia (artículo 244) viola flagrantemente los principios “del bien jurídico” y “de intervención mínima” o de ultima ratio, ubicándose como un Estado Absolutista o Autoritario al que le resulta muy útil el derecho penal de esas características.
Nada más acertado que lo sostenido por el doctor Moisés Moreno Hernández en su citada obra Política Criminal y Reforma Penal, cuando señala que al Estado democrático de Derecho le corresponde un derecho penal liberal, con los principio rectores que él mismo detalla y que transcribo a continuación:
Principio de intervención mínima del derecho penal que impone la necesidad de agotar previamente recursos no penales, cuyas consecuencias sean menos drásticas pero que pueden resultar más eficaces que las penales, el derecho penal sólo debe ser el último recurso; principio de legitimidad conforme al cual toda medida que adopte el Estado, en el ejercicio concreto de su ius puniendi, debe estar debidamente legitimada por la voluntad popular” (este principio encuentra su fundamento en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en donde se establece que la soberanía popular constituye un decisivo factor de legitimación del poder estatal y, consecuentemente, del poder penal). “Principio de legalidad, para que el ejercicio del poder punitivo se realice dentro del marco que fijan la Constitución y las leyes secundarias; principio del bien jurídico, que nos indicará para qué sirve el derecho penal y todo el sistema punitivo, así como sus límites de intervención; principio de acto, que precisa el objeto de regulación de las normas penales y evita sancionar meros estados, situaciones o actitudes de la persona; principio de culpabilidad, conforme al cual sólo se impondrá pena al que se demuestre su culpabilidad y el límite de aquella no rebasará el de ésta”  (particularmente a partir de la supresión del principio de peligrosidad previsto en el artículo 52 del Código Penal Federal que durante mucho tiempo caracterizó al derecho penal mexicano); “principio de presunción de inocencia, que establece que todo individuo que se vea involucrado en un hecho penalmente relevante debe ser tenido como inocente mientras que el órgano del Estado no acredite su culpabilidad” (cuyo fundamento es, ahora, el artículo 20, apartado B), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que es un derecho de toda persona imputada que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicada en el mismo diario oficial el 7 de mayo de 1981); “principio de aplicación racional de las penas y medidas de seguridad, para evitar penas excesivas, así como medidas indeterminadas” (en acato a lo planteado por la moderna política criminal); “principio de equilibrio entre las diversas partes procesales” (como exige el sistema procesal acusatorio, hoy delineado en nuestra Constitución, en el artículo 20 y cuyos principios son publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación); “principio in dubio pro reo; principio de inviolabilidad de la defensa, que debe ser respetado en todo grado y estado de los procedimientos penales; principio de verdad real o material, abandonando todo sistema de prueba tasada y procurando un contacto más directo del juez con los elementos probatorios; principio de la prohibición de la tortura y cualquier otro maltrato; principio del juez natural y el del juzgamiento único
Estos principios rectores deben reflejarse en la legislación constitucional y penal del estado de Yucatán y tenemos que avanzar en su consolidación. Esperamos que así sea.
Por Macario Enrique Arellano Valdez.
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