De los salones de la Universidad Marista de Mérida al Consejo de la Judicatura Federal. Sin puntos medios, y con prisa. Con mucha prisa. Así ha sido, hasta ahora, la meteórica carrera profesional de Ana Paulina Ortega Rosado, egresada de la Escuela de Derecho.
La joven maestra en Derecho Constitucional trabaja en el área de investigación de la secretaría técnica de la carrera judicial, del Consejo de la Judicatura Federal.
Este organismo del Poder Judicial tiene como misión garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
Ahí, entre las actividades que Ana Paulina realiza se encuentra investigar lo que le apasiona desde que era estudiante: los derechos humanos. La tesis con la que se tituló como licenciada en Derecho se titula “La incompatibilidad de la retención a cargo del Ministerio Público con los tratados internacionales de Derechos Humanos”. Con este trabajo de investigación obtuvo mención honorífica.
En días pasados, Ana Paulina obtuvo el premio al Mejor Trabajo de Titulación sobre Derechos Humanos, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos deYucatán (Codhey). Según los reportes de la prensa que destacaron este reconocimiento, el trabajo está relacionada con las reformas sobre el sistema de justicia penal, cuya implementación está en proceso en los tribunales del país.
La egresada marista expone que en su tesis plantea que la Constitución establece un plazo de 48 horas al ministerio para que ponga un detenido a disposición de un juez de lo penal, lo que va en detrimento, asegura, de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales.
“La gran mayoría de las violaciones de los derechos humanos se registran durante esas cuarenta y ocho horas”, puntualiza Ana Paulina. Ese lapso está especificado en la Constitución, en el párrafo diez del artículo 16:
“Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal”.
Esta disposición, sostiene Ana Paulina, está en conflicto específicamente con el artículo siete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, a la letra dice:
“Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
Ana Paulina recita de memoria ese apartado. Y no sorprende, ya que en la elaboración de su tesis invirtió medio año. el resultado final fueron doscientas páginas que le recuerdan a los encargados de impartir justicia que el respeto de los derechos humanos siempre están primero.
Los asesores de Ana Paulina para elaborar “La incompatibilidad de la retención a cargo del Ministerio Público con los tratados internacionales de Derechos Humanos” fueron sus maestros Mario Castro y Jorge Toledo. Ellos y el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Marista, Raúl Pino, formaron el sínodo que la examinó en su titulación.
Al explicar el contenido de su tesis y la actual situación de los Derechos Humanos en México —tema del que está empapada, al conocer de primera mano los casos en el Consejo de la Judicatura— el trabajo de titulación de Ana Paulina cobra especial vigencia.
Explica que desde las reformas legales de 2008 en ese aspecto, poco se ha avanzado. También advierte que los logros obtenidos con los cambios pueden revertirse, como lo demuestran ciertas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A pesar de que la egresada marista destaca que este organismo recibió el Premio de los Derechos Humanos de Naciones Unidas por sus “importantes progresos” en la promoción de las garantías fundamentales, aún queda mucho camino por avanzar.
Marista comprometida
Ana Paulina enarbola la bandera de los Derechos Humanos desde que era estudiante. La hoy integrante del Consejo de la Judicatura representó a la Universidad Marista de Mérida en varios certámenes locales, nacionales —México D.F., Veracruz, Nuevo León…— e internacionales —Estados Unidos y Colombia— del tema de garantías y de juicios orales.
Asegura que en su alma máter recibió el impulso que la motivó a traspasar las fronteras del estado y encontrar espacios en los otrora inalcanzables sitios donde se decide el futuro legal del país. También señala que los programas de Aprender Sirviendo le sirvieron para conocer y palpar las necesidades de —valga la redundancia— los más necesitados.
